Juez ordena juicio contra expresidente Saca y seis exfuncionarios más por desvío de $301 millones

 

El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó hoy enviar a juicio por presunta corrupción al expresidente Elías Antonio Saca y a seis exfuncionarios más de su gobierno. El exmandatario y el resto de procesados seguirán en prisión, según la resolución del tribunal.

Saca y los demás procesados son acusados del desvío de casi $301 millones de dólares de cuentas institucionales de Casa Presidencial, hacia cuantas de particulares, empresas y al partido ARENA.

La Fiscalía General de la República presentó cargos contra el exmandatario por los supuestos delitos de peculado y lavado de dinero.

Según la Fiscalía, Saca y una red de colaboradores sacaron dinero de los gastos reservados de la Presidencia hacia cuentas particulares, para luego hacerlas llegar a algunas empresas vinculadas al exmandatario.

Según se informó este miércoles, la Fiscalía añadió en la etapa de instrucción la declaración de un testigo con régimen de protección bajo la clave Prometeo. El testigo contó a los investigadores sobre reuniones con Saca en las que se acordó mover el dinero hacia cuentas privadas.

Junto a Saca son procesados el ex secretario privado Elmer Roberto Charlaix Urquilla, el ex secretario de la Juventud César Daniel Funes Durán, el ex secretario de Comunicaciones Julio Humberto Rank, y tres empleados administrativos de Casa Presidencial.

También fueron incluidos en la acusación los ex empleados de Casa Presidencial Jorge Alberto Herrera Castellanos, Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, de haber colaborado con el presidente Saca en el desvío de los fondos.

Cindy Rivera, una de las defensoras de los exempleados de Casa Presidencial confía en que el juez dictará a favor de sus clientes un “sobreseimiento definitivo por falta de fundamento en la acusación” de la Fiscalía.

Rivera reiteró que durante la audiencia preliminar se evidenció que las cuentas manejadas por los empleados de CAPRES “no eran personales, sino institucionales para el manejo de los gastos reservados que fueron otorgados por la Ley General de Presupuesto al presidente y, por tanto, no existe delito de peculado”.

La defensa de los ex empleados estableció ante el juez que “no hay evidencia que los acusados hayan obtenido un beneficio, porque se le investigó su patrimonio y no hay ningún bien que no pueda justificarse por medio de su salario o de préstamos bancarios”.

Source: Agencia de Prensa Salvadoreña (APS)

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